Inclusión financiera de migrantes deportados
DEPORTADOS E INCLUSIÓN FINANCIERA.
PRESENTACIÓN
Entendemos por inclusión social el proceso que se refiere a la superación de las principales causas de la inequidad. Al establecimiento de marcos jurídicos, protocolos y acciones del Gobierno para mejorar los términos en que los individuos y grupos sociales se integran productivamente a la sociedad; por último, al proceso de mejorar las posibilidades, oportunidades y dignidad de las personas en situación de desventaja.
Dentro de este contexto podemos ubicar la experiencia de los retornados salvadoreños, personas deportadas de otro país, al momento de su regreso a El Salvador y al iniciar su proceso de reintegración socioeconómica en sus comunidades de residencia. Los retornados son uno de los sectores más vulnerables en la sociedad salvadoreña pues además de estar dentro de los márgenes de la pobreza, han sufrido un serie de experiencias psicosociales traumáticas en su intento de llegar a otro país, han roto vínculos familiares y sociales, cayendo en una especie de desarraigo, y sufren varios niveles de estigmatización en sus esfuerzos de reintegración.
El Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, preocupado por la situación de la población retornada salvadoreña, presenta los resultados de esta investigación realizada en el periodo del 15 de marzo al 15 de junio del presente año.Tiempo durante el cual, en el contexto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, comunmente conocido como CORONAVIRUS, se entrevistaron a 220 personas deportadas quienes habían llegado al país antes de que se decreta el cierre del aeropuerto y se tomarán el resto de medidas sanitarias tendientes a contener el avance de la pandemia.
Sirvan estos resultados para motivar acciones específicas y de conjunto, de parte del sector público y privado, que beneficien la reintegración socioeconómica de los deportados salvadoreños.
INTRODUCCIÓN
Definir estrategias y diseñar proyectos que aseguren una re-integración efectiva a los deportados a su regreso al país ha sido uno de los principales desafíos de los últimos años. Los registros de deportados indican una situación que amerita rediscutir los abordajes sobre este segmento de población. En la región centroamericana las personas deportadas aumentan año a año. De acuerdo a datos presentados por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entre enero y mayo de 2020, para la región del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, fueron registrados 52,449 personas deportadas. Para El Salvador se registró un aumento de casi once mil deportados con respecto a 2018, 26,503, llegandose a un total de 37,316 mil personas deportadas en 2019. entre enero y mayo de este año se reportan 7,072 deportados. Quedando sin registro el número de personas retornadas voluntarias que llegan al país año con año y no contabilizando los 4,000 salvadoreños varados en varios aeropuertos del mundo desde mediados de marzo. En los últimos diez años han sido deportados más de 300,000 salvadoreños, necesitamos repensar los entendimientos y abordajes para esta población.
Aparte de haber establecido en los últimos años un sistema de recepción eficiente, el gobierno de El Salvador con el apoyo de la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil obtuvieron logros importantes al contar con un registro de los deportados que permite establecer un perfil demográfico de los salvadoreños migrantes. En base a dicho registro se han diseñado varios programas con el propósito de facilitar la reintegración de los retornados a la vida nacional. Uno de los programas que llamó más la atención fue el de otorgar capital semilla y promover el emprendedurismo. Estos programas, sin embargo, adolecen de varias limitaciones técnicas y financieras, especialmente en el área de otorgamiento de créditos. Se comenzó a promover acciones de emprendedurismo en varias regiones del país pero estas no contaban con el apoyo financiero a los potenciales emprendedores, lo que puso en riesgo estas iniciativas que muy bien podrían convertir en actividades de beneficencia.
Un nuevo emprendedor o empresario sin el apoyo del sistema financiero es un seguro fracaso. En principio INSAMI identifica dos limitaciones: uno, que la banca de desarrollo no está identificando inversiones sociales para diferentes sectores incluyendo a la población migrante; y dos, que se continúa con las mismas prácticas del pasado en donde no se facilita la bancarización de los sectores vulnerables, como los migrantes retornados.