Diferencia entre revisiones de «Las injusticias que sufren las mujeres indígenas en América Latina»

 

 

 

En las últimas décadas, organizaciones sociales y pueblos indígenas presionaron a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para emprender la inclusión de instrumentos jurídicos y cabildeo entre los Estados miembros de sus asambleas para ejecutar las respectivas reformas constitucionales y legislativas en los países latinoamericanos con respecto a los derechos de las mujeres y a los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional de los países latinoamericanos por la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, y desarrollar una doctrina y una jurisprudencia novedosa y especialmente protectora respecto al espectro de derechos que incorpora tanto derechos civiles y políticos cuanto derechos económicos, sociales y culturales no han logrado evitar que los Estados continúen vulnerando, marginando y discriminando la seguridad jurídica de los hombres y mujeres indígenas.

 

 

Entre el derecho internacional y la realidad de los pueblos indígenas existe una enorme brecha de deshumanidad. Según datos publicados por la CEPAL, en su Panorama Social de América Latina 2006, estimaba que la población indígena de América Latina superaba los 40 millones de personas y que dicho sector se encuentra afectado por la constante discriminación estructural que se expresa en la marginalidad, exclusión y pobreza.